Camargo ha destruido, en los últimos 18 años, el cincuenta por ciento de su franja costera (primeros 500 metros), según un informe presentado por Greenpeace. No obstante, Cantabria es la segunda comunidad autónoma que menos costa ha destruido.
Se trata del documento 'Destrucción a toda costa 2013', y en el que, mediante el uso de imágenes de satélite se analiza, municipio por municipio, la situación de los primeros 500 metros de costa. En el caso de Camargo, su franja costera pertenece a Maliaño.
Greenpeace concluye que la ocupación de la primera línea de costa ha sido masiva y que este proceso se verá reforzado por la nueva Ley de Costas, que ve como "una nueva herramienta para seguir urbanizando el litoral".
En Cantabria, Marina de Cudeyo, Ribamontán al Mar, Miengo, San Vicente de la Barquera y Santa Cruz de Bezana son según Greenpeace los cinco municipios que más rápido han destruido su patrimonio natural durante los años de burbuja inmobiliaria.
Por otro lado, si se añade el valor del porcentaje de superficie construida en los primeros 500 metros de costa, Camargo con el 89% de la franja de los 500 primeros metros urbanizados, Comillas con el 51%, Noja con el 32%, Santander con el 30% y Santoña con un 25%, son los municipios que más han destruido esta franja costera.
Bárcena de Cicero con el 100% de suelo protegido en la costa, Colindres con el 100% o Escalante, también con el 100%, son los municipios con mayor protección efectiva, "al menos sobre el papel", y cuentan solamente con un 3,2% de ocupación en la franja de los primeros 500 metros de costa.
Greenpeace augura que Cantabria verá aumentar su nivel medio del mar así como su cota de inundación y de rebase. Para amortiguar los posibles impactos en puertos, se necesitará aumentar el tamaño de las estructuras en talud, de las zonas muy expuestas al oleaje exterior hasta un 20%, añade la organización ecologista.
Greenpeace denuncia que la nueva Ley de Costas permite que se reduzca la protección de 100 a 20 metros en determinados tramos, lo que significa que "si se sigue construyendo en estas zonas, el litoral sufrirá un colapso total en 124 años".
Según sus estimaciones, en este periodo de tiempo, la franja de los primeros 500 metros estaría construida y en 158 años la del primer kilómetro si se mantiene la tendencia de construcción en el periodo 1987-2005, con lo que el incremento anual de ocupación sería de 0,13% (0,03% hectáreas al día). Por lo tanto, la superficie destruida en todo Cantabria alcanzaría el 17%.
Para Greenpeace, "a pesar del parón absoluto de la construcción a partir de 2008, la principal amenaza actual es la cantidad de suelo declarada como urbanizable aunque no urbanizada o los nuevos impulsos del sector turístico residencial".
Además, "con la excusa de la crisis económica y debido a los recortes, existe el riesgo de que cualquier proyecto de construcción pueda ser aprobado por unos controles más laxos o inexistentes. Ya lo hemos visto con la nueva Ley de Costas", ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas.
Para evitar los efectos de la nueva Ley de Costas, Greenpeace propone que los municipios se declararen insumisos en su aplicación, que la Unión Europea la "pare" y que los planes urbanísticos municipales sean revisados para no permitir más construcciones. Además, subraya que los parques naturales deben ser respetados, no se debe construir en zonas de riesgo por cambio climático y se debe promover una fiscalidad verde para favorecer a los municipios mejor conservados.
Se trata del documento 'Destrucción a toda costa 2013', y en el que, mediante el uso de imágenes de satélite se analiza, municipio por municipio, la situación de los primeros 500 metros de costa. En el caso de Camargo, su franja costera pertenece a Maliaño.
Greenpeace concluye que la ocupación de la primera línea de costa ha sido masiva y que este proceso se verá reforzado por la nueva Ley de Costas, que ve como "una nueva herramienta para seguir urbanizando el litoral".
En Cantabria, Marina de Cudeyo, Ribamontán al Mar, Miengo, San Vicente de la Barquera y Santa Cruz de Bezana son según Greenpeace los cinco municipios que más rápido han destruido su patrimonio natural durante los años de burbuja inmobiliaria.
Por otro lado, si se añade el valor del porcentaje de superficie construida en los primeros 500 metros de costa, Camargo con el 89% de la franja de los 500 primeros metros urbanizados, Comillas con el 51%, Noja con el 32%, Santander con el 30% y Santoña con un 25%, son los municipios que más han destruido esta franja costera.
Bárcena de Cicero con el 100% de suelo protegido en la costa, Colindres con el 100% o Escalante, también con el 100%, son los municipios con mayor protección efectiva, "al menos sobre el papel", y cuentan solamente con un 3,2% de ocupación en la franja de los primeros 500 metros de costa.
Greenpeace augura que Cantabria verá aumentar su nivel medio del mar así como su cota de inundación y de rebase. Para amortiguar los posibles impactos en puertos, se necesitará aumentar el tamaño de las estructuras en talud, de las zonas muy expuestas al oleaje exterior hasta un 20%, añade la organización ecologista.
Greenpeace denuncia que la nueva Ley de Costas permite que se reduzca la protección de 100 a 20 metros en determinados tramos, lo que significa que "si se sigue construyendo en estas zonas, el litoral sufrirá un colapso total en 124 años".
Según sus estimaciones, en este periodo de tiempo, la franja de los primeros 500 metros estaría construida y en 158 años la del primer kilómetro si se mantiene la tendencia de construcción en el periodo 1987-2005, con lo que el incremento anual de ocupación sería de 0,13% (0,03% hectáreas al día). Por lo tanto, la superficie destruida en todo Cantabria alcanzaría el 17%.
Para Greenpeace, "a pesar del parón absoluto de la construcción a partir de 2008, la principal amenaza actual es la cantidad de suelo declarada como urbanizable aunque no urbanizada o los nuevos impulsos del sector turístico residencial".
Además, "con la excusa de la crisis económica y debido a los recortes, existe el riesgo de que cualquier proyecto de construcción pueda ser aprobado por unos controles más laxos o inexistentes. Ya lo hemos visto con la nueva Ley de Costas", ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas.
Para evitar los efectos de la nueva Ley de Costas, Greenpeace propone que los municipios se declararen insumisos en su aplicación, que la Unión Europea la "pare" y que los planes urbanísticos municipales sean revisados para no permitir más construcciones. Además, subraya que los parques naturales deben ser respetados, no se debe construir en zonas de riesgo por cambio climático y se debe promover una fiscalidad verde para favorecer a los municipios mejor conservados.
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