El Alcalde de Camargo Diego Movellán participó en una jornada de análisis sobre el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Administración Local, que se celebró en el en la que anunció que Camargo quiere continuar asumiendo de forma directa las competencias en materia de Servicios Sociales dado que, señaló, para la prestación de estos servicios “la cercanía con el ciudadano es básica”.
Movellán dijo además que “hasta ahora cuando a los Ayuntamientos se nos ha venido informando de que tenemos que asumir directamente el coste de algunos servicios se nos comunica por carta de forma inmediata. Queremos que las transferencias económicas para hacer frente a las competencias asumimos sean con la reforma igualmente rápidas”.
La reforma de la Ley valora la posibilidad de que los Ayuntamientos deban dejar de prestar de forma directa servicios relativos a las competencias de Sanidad, Educación y Servicios Sociales, competencias que el Anteproyecto de Ley define como “impropias” un término que el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria Juan Manuel Alegre Ávila considera desacertado.
Movellán destacó la importancia de que las competencias que asumen los Ayuntamientos vengan acompañadas de financiación y recordó como ejemplo que Camargo destina un millón de euros a educación cuando es el Gobierno de Cantabria quien asume la competencia directa en esta materia.
Alegre Ávila explicó que la modificación normativa tiene como objetivo “la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera” mediante la racionalización de las estructuras locales, el establecimiento de mayores mecanismos de control y la planificación de las competencias propias de los municipios.
Para Alegre Ávila, el reciente dictamen del Consejo de Estado, órgano consultivo, invita a comenzar de nuevo el proceso de redacción de este anteproyecto de Ley.
Coincidió el ponente con el Presidente de la Federación de Municipios y Alcalde de San Vicente, Julián Vélez, en lo inadecuado de centrar el debate de la reforma en la existencia de un número excesivo de municipios en España en lugar de analizar si las alternativas que el texto prevé como la asunción de competencias por las Diputaciones y Gobiernos Regionales garantizan la prestación de los servicios a la ciudadanía o sí incluso garantizan un ahorro significativo en los costes.
Vélez abogó por tomar en cuenta a la hora de definir el que será texto definitivo de la Ley las singularidades de los municipios así como criterios de rentabilidad social, no sólo económica, aseguró que una buena reforma de la administración local que potencie y respalde económicamente a los Ayuntamientos es “básica para la generación de riqueza y para fijar población a los territorios” y explicó las alegaciones en este sentido presentadas por la Federación de Municipios al Anteproyecto de Ley.
Movellán dijo además que “hasta ahora cuando a los Ayuntamientos se nos ha venido informando de que tenemos que asumir directamente el coste de algunos servicios se nos comunica por carta de forma inmediata. Queremos que las transferencias económicas para hacer frente a las competencias asumimos sean con la reforma igualmente rápidas”.
La reforma de la Ley valora la posibilidad de que los Ayuntamientos deban dejar de prestar de forma directa servicios relativos a las competencias de Sanidad, Educación y Servicios Sociales, competencias que el Anteproyecto de Ley define como “impropias” un término que el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria Juan Manuel Alegre Ávila considera desacertado.
Movellán destacó la importancia de que las competencias que asumen los Ayuntamientos vengan acompañadas de financiación y recordó como ejemplo que Camargo destina un millón de euros a educación cuando es el Gobierno de Cantabria quien asume la competencia directa en esta materia.
Alegre Ávila explicó que la modificación normativa tiene como objetivo “la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera” mediante la racionalización de las estructuras locales, el establecimiento de mayores mecanismos de control y la planificación de las competencias propias de los municipios.
Para Alegre Ávila, el reciente dictamen del Consejo de Estado, órgano consultivo, invita a comenzar de nuevo el proceso de redacción de este anteproyecto de Ley.
Coincidió el ponente con el Presidente de la Federación de Municipios y Alcalde de San Vicente, Julián Vélez, en lo inadecuado de centrar el debate de la reforma en la existencia de un número excesivo de municipios en España en lugar de analizar si las alternativas que el texto prevé como la asunción de competencias por las Diputaciones y Gobiernos Regionales garantizan la prestación de los servicios a la ciudadanía o sí incluso garantizan un ahorro significativo en los costes.
Vélez abogó por tomar en cuenta a la hora de definir el que será texto definitivo de la Ley las singularidades de los municipios así como criterios de rentabilidad social, no sólo económica, aseguró que una buena reforma de la administración local que potencie y respalde económicamente a los Ayuntamientos es “básica para la generación de riqueza y para fijar población a los territorios” y explicó las alegaciones en este sentido presentadas por la Federación de Municipios al Anteproyecto de Ley.
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